La formación conformada por Compromís, l’Esquerra y Esquerra Unida rechaza la ampliación de la concesión del Hospital del Vinalopó y el Centro de Salud de Crevillent a Ribera Salud durante 5 años más, y califica de arbitraria e injustificada la decisión del Consell de Carlos Mazón

26.03.2025.- El grupo municipal Acord per Guanyar presentó en el Pleno ordinario de marzo, celebrado ayer, una moción para el retorno de la gestión pública de la sanidad en el Departamento de Salud Elche-Crevillent. Una moción que llega después de que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, anunciara la semana pasada que se renovará la concesión a Ribera Salud durante 5 años más, y que contó con el apoyo del PSOE y el voto en contra de los grupos municipales de PP y Vox.

“La prórroga de la gestión privada está totalmente injustificada y agravará la fuga de profesionales. El Consell no ha hecho público ningún indicador que avale esta decisión, que es totalmente arbitraria. Marciano utiliza una encuesta realizada por la propia empresa únicamente a 437 usuarios para justificar la supuesta calidad de la gestión, cuando el área sanitaria incluye alrededor de 150.000 personas y 15.000 personas manifestaron su rechazo a la gestión actual con una recogida de firmas realizada por la Plataforma ciudadana”, indica la portavoz de Acord, Virginia Moriel Bueno.

“La decisión del Consell de Mazón provocará una carencia mayor de profesionales. Cinco años más como el único departamento valenciano con gestión privatizada se traduce en cinco años más con peores condiciones laborales para el personal (con salarios entre un 8 y un 10% más bajos que en los departamentos cien por cien públicos), cinco años con mayor incapacidad para cubrir bajas, con rotaciones constantes y afectando todavía más la longitudinalidad de la atención médica que reciben los pacientes”, afirma la portavoz.

El grupo de la oposición expone que la ratio de habitantes por médico de cabecera en el Centro de Salud de Crevillent es un 44,7% más elevada que en los centros de salud de los departamentos cien por cien públicos, 1.704 frente a 1.177, respectivamente. Mientras que la situación es todavía peor en Enfermería, con una ratio de profesionales de 3.100, contando con 9 enfermeras y enfermeros frente a los 20 profesionales que tienen de media en los centros de gestión pública, unos datos obtenidos por Compromís en les Corts. En cuanto a Pediatría, el Centro de Salud de Crevillent cuenta con 2 pediatras menos que la media de los centros 100% públicos, que tienen una ratio de 1.105.

Asimismo, critican que e el departamento de Salud Elche-Crevillent las listas de espera continúan siendo elevadas y resaltan los inconvenientes y los graves perjuicios que conlleva para los pacientes que el sistema de información sea incompatible con el de la Consellería, no pudiéndose compartir los datos clínicos con el resto de departamentos, además de impedir la transparencia al imposibilitar la supervisión de los datos administrativos de la concesión por parte de la Generalitat.

“En definitiva, la gestión privada de nuestro departamento no se puede mantener porque afecta negativamente a la salud de los vecinos y vecinas de Crevillent, puesto que merecen una atención sanitaria de calidad y no estar supeditados al negocio privado de una empresa”, señala Moriel.

Por otro lado – añaden desde Acord- está demostrada la falta de transparencia de este modelo, que además de dificultar la supervisión de su actividad, supone la ausencia de instrumentos sancionadores y una interferencia con la planificación y coordinación entre los departamentos.

Además, argumentan que a día de hoy la Sindicatura de Cuentas no tiene ningún documento que acredite las palabras del conseller sobre que la concesionaria haya abonado ya más de 50 millones de euros de las liquidaciones pendientes a la Generalitat, y que todavía faltarían para pagar las liquidaciones de los años 2023 y 2024 y las de otros departamentos que han sido gestionados por Ribera *Salud, todo esto teniendo en cuenta que hasta este mes la empresa tenía pendiente 11 liquidaciones y una deuda con la Generalitat que ascendía a 75 millones de euros.